En lo que respecta a Chile, pero también en otros países de la Región, resulta esencial la discusión y definición de una política de desarrollo rural concreta que aborde el carácter heterogéneo del sector (productivo, económico y social), para superar la orientación eminentemente productivista que predomina en el modelo económico actual implementado en las últimas décadas.
Para ello, el Grupo de Investigaciones Agrarias, en su accionar:
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Propende hacia la definición desde el Estado, de una estrategia específica (y desagregada regionalmente) para los sectores campesinos, indígenas, y asalariados rurales que cuente con su visión y propuestas para que las políticas de desarrollo rural apoyen su inserción favorable con el respaldo de instrumentos del Estado “ad hoc”, y de la participación efectiva de estos, en los circuitos de producción y comercialización, relevando el concepto de soberanía alimentaria y el rol que juegan los sectores de pequeña producción.
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Considera la definición y operacionalización de mecanismos para que los actores rurales, en particular medianos productores, campesinos, indígenas y asalariados rurales, puedan reconstituir y/o fortalecer instancias de representación (organizaciones) efectivas para la interlocución y gestión de sus propuestas, así como instancias asociativas, colectivas para producción y servicios en “grandes bloques”, aspectos centrales para avanzar en la modificación real de las condiciones de vida de la población del sector rural, y para darle continuidad y replicabilidad a los logros alcanzados en el proceso.
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Masifica una estrategia de formación sistemática y continua de recursos humanos (técnicos y profesionales) que tengan como propósito la investigación y la acción en desarrollo sobre el sector rural en cuanto a su estructura y dinámica (innovación y adecuación tecnológica, tipología de productores; características de los mercados silvo agropecuarios, laborales; ordenamiento territorial; etc.); así como la formación de dirigentes/líderes para el fortalecimiento de sus capacidades de representación sociopolítica y de gestión externa (con Estado y Privados), e interna de las organizaciones en sus territorios.